La presente investigación revela que existen múltiples obstáculos que dificultan el derecho de las mujeres venezolanas de acceder sin discriminación a la justicia y a los servicios de salud. La percepción generalizada de impunidad y la falta de efectividad del funcionamiento de justicia en general - tanto para nacionales como extranjeras - son elementos que desincentivan a muchas mujeres a denunciar la violencia basada en género en ambos países. Pero las mujeres refugiadas venezolanas enfrentan además retos específicos: la falta de regularización migratoria provoca en ellas la percepción de que no tienen los mismos derechos que el resto de la población y que, por lo tanto, no pueden exigirlos ante las instituciones, o que al hacerlo correrían el riesgo de ser deportadas a su país. A esto se suma la brecha en el acceso a la información sobre las rutas de atención para las personas sobrevivientes de violencia basada en género: las mujeres venezolanas reportan que no las conocen, no saben a qué institución dirigirse ni qué mecanismos existen. Por otro lado, la investigación encuentra que las personas funcionarias encargadas de atender a sobrevivientes de violencia basada en género desconocen los derechos y requisitos para el acceso de las mujeres refugiadas y migrantes a las rutas y medidas de protección existentes. Además, en muchas ocasiones han integrado estereotipos compuestos, en los cuales la violencia machista se une con prejuicios xenofóbicos contra las personas venezolanas. Esto resulta no solamente en una denegación de acceso a la justicia para estas mujeres, sino en nuevas formas de violencia y discriminación en su contra por parte de quienes tienen la obligación de atenderlas y protegerlas. Amnistía Internacional identificó otras deficiencias de la respuesta estatal en ambos países, como la falta de disponibilidad y acceso a albergues temporales para sobrevivientes de violencia de género, que afecta en particular a las mujeres venezolanas, quienes no cuentan con redes de apoyo, y la falta de recopilación adecuada de información estadística que permitiría diseñar políticas públicas que aborden el impacto diferenciado de estas violencias para las mujeres venezolanas. Además, la ausencia de campañas efectivas para atacar los estereotipos compuestos que facilitan esta violencia, y así prevenirla, contribuye a la continuación y agravación de la violencia hacia las mujeres venezolanas en estos países. En cuanto a los servicios de atención de salud, en Colombia y Perú las normas establecen que, tratándose de mujeres y personas sobrevivientes de violencia de género, estos servicios entran bajo la categoría de servicios de emergencia/urgencia, por lo que no se le puede negar a ninguna persona. Sin embargo, Amnistía Internacional observó que, en la práctica, la ausencia de una definición clara para los sistemas de salud de lo que se considera una emergencia en casos de violencia de género, incluida la violencia sexual, hace que las personas funcionarias públicas de primera línea de atención lo interpreten de maneras diferentes, lo cual limita el acceso de las mujeres refugiadas venezolanas a los servicios de salud.

La presente guía busca proporcionar y visibilizar herramientas jurídicas que le permitan al gestor del caso brindar una orientación y asesoría a los usuarios y/o sus beneficiarios, refugiados y migrantes, sobre el acceso a los derechos, conocimiento de beneficios y/o particularidades que ofrece la regularización migratoria por el Permiso Temporal de Protección (PPT).

Colombia ha experimentado un deterioro gradual de la situación humanitaria en el país debido a la confluencia de múltiples crisis. Por lo cual, en el presente documento se presenta una actualización de análisis de protección conjunta del Clúster de Protección Nacional y el Sector Protección del GIFMM, donde ambas estructuras de coordinación destacan cuáles son los riesgos prioritarios de protección en el país. 

Guía de mecanismos de atención y orientación en Colombia a refugiados y migrantes en Bogotá y Regiones.

Durante agosto de 2021, el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), con apoyo de 12 socios, realizó una Evaluación Conjunta de Necesidades en los barrios La Paz y Siete de Abril de la ciudad de Barranquilla. La evaluación se llevó a cabo con el objetivo de planificar las intervenciones y apoyar la priorización de la respuesta de los actores humanitarios para el año 2022, con información actualizada sobre necesidades y prioridades intersectoriales para los hogares de población refugiada y migrante venezolana en Barranquilla, Atlántico.

Reporte de resultados del monitoreo a caminantes realizado por el GIFMM Santander, en conjunto con diez socios, la Gobernación de Santander y la Gerencia de Fronteras de Presidencia.

Ficha con líneas de atención en Nariño en medicina general y salud sexual y reproductiva.