El sector regional de Integración, sobre la base de consultas con los sectores nacionales y subregionales de Integración, y en consonancia con las prioridades destacadas en el Proceso de Quito, ha identificado tres necesidades prioritarias de integración socioeconómica de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela. La primera necesidad se refiere a los procesos de regularización35 y sus vínculos con otros que promuevan la integración. El estatus regular y la documentación en regla se revelaron como las principales preocupaciones de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela, y afectan en gran medida al acceso al mercado laboral formal y a servicios esenciales. Durante situaciones de crisis como la de la COVID-19, las personas en situación migratoria irregular suelen quedar excluidas de las respuestas nacionales y de los sistemas de seguridad social, lo que dificulta aún más su recuperación y la integración a largo plazo.
 

La segunda necesidad se centra en el acceso a medios de vida, en particular de mujeres y jóvenes. Entre los obstáculos figuran los idiomas locales en algunos países (por ejemplo, Brasil y el Caribe), los procesos costosos y complejos de reconocimiento de títulos, diplomas y cualificaciones profesionales, la falta de servicios de cuidado infantil que permitan trabajar a las y los progenitores, la imposibilidad de acceder a servicios financieros, la discriminación, las limitadas oportunidades de empleo y autoempleo o la falta de conocimiento por parte de los empleadores de los derechos laborales y los procesos de contratación relativos a las personas refugiadas y migrantes de Venezuela.
 

La tercera necesidad está relacionada con la cohesión social entre las personas refugiadas y migrantes y sus comunidades de acogida. La presencia prolongada de personas refugiadas y migrantes de Venezuela, junto con oportunidades de empleo limitadas y las presiones crecientes sobre los servicios esenciales y el ambiente, así como la difusión de información falsa (en particular en redes sociales), han contribuido al aumento de la xenofobia y la discriminación, incluida la discriminación por motivos de género que enfrentan mujeres y personas LGBTQI+. 

Esto ha empeorado con la pandemia, en la que algunas personas perciben a las personas extranjeras como posibles propagadoras del virus y competidoras por la disminución de las oportunidades de empleo.

El sector de Integración se propone estudiar y apoyar enfoques, colaboraciones e instrumentos para promover la integración socioeconómica de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela de manera que se tengan en cuenta el género, la edad y la diversidad, contribuyendo al mismo tiempo al desarrollo sostenible local general, incluso mediante la implementación de las recomendaciones elaboradas en la «Estrategia regional para la integración socioeconómica de las personas migrantes y refugiadas venezolanas y de sus comunidades de acogida» del sector. La respuesta sectorial se centrará en la promoción de la integración socioeconómica (durante y después de la COVID-19) de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela y la reducción de la xenofobia y la promoción de la cohesión social. La respuesta se centrará en las personas afectadas económicamente por la pandemia de la COVID-19, en particular las que: a) están desempleadas o subempleadas, b) trabajan en el sector informal, incluidos los servicios domésticos, y c) son trabajadores y trabajadoras no incluidos en los sistemas de protección social, centrándose de manera transversal en mujeres, jóvenes, grupos marginados (personas indígenas, personas con necesidades específicas o personas LGBTQI+), sobrevivientes de  VBG, y las personas que corren el riesgo de sufrir VBG de ser desalojadas. Las prioridades de respuesta se adaptarán a los diversos perfiles socioeconómicos y a los contextos particulares de cada lugar (por ejemplo, urbano, rural, zona fronteriza, etc.).

La primera prioridad de respuesta tiene por objeto vincular los procesos de regularización con otros que promueven la integración, por ejemplo, abogando por el acceso al trabajo en el sector formal y a los requisitos de documentación relacionada con el trabajo, como los permisos de trabajo y el acceso de facto al trabajo mediante la sensibilización de los agentes pertinentes (por ejemplo, los ministerios de trabajo, las agencias de empleo y el sector privado) sobre los derechos laborales y los mecanismos de contratación de personas refugiadas y migrantes.

La segunda prioridad de respuesta tiene por objeto facilitar la recuperación económica y el acceso a medios de vida para las personas refugiadas y migrantes de Venezuela mediante la identificación y el intercambio de las mejores prácticas sobre la facilitación de los procesos administrativos para el reconocimiento de títulos y cualificaciones, alternativas a la apostilla y soluciones para hacer frente a los elevados costos de tramitación. En el ámbito nacional, el sector promoverá la inclusión financiera abordando los obstáculos administrativos y facilitando los vínculos con las instituciones financieras y de microfinanciación nacional e internacional, trazará un mapa de los servicios financieros a disposición de las personas refugiadas y migrantes (incluidos los microcréditos verdes), abogará por ellos y promoverá la educación financiera. El sector abogará por la inclusión de las personas refugiadas y migrantes en los sistemas de seguridad social y en los servicios de cuidado infantil.

Por último, el sector se dirigirá a personas refugiadas y migrantes para crear las aptitudes pertinentes que puedan facilitar su entrada en el mercado laboral formal y/o para iniciar con éxito sus propios negocios, sobre la base de los perfiles laborales y el análisis de las demandas del mercado de trabajo, incluida la identificación de oportunidades de empleo en la economía verde. La tercera prioridad de respuesta promoverá la cohesión social mediante campañas y/o iniciativas de sensibilización que refuercen la convivencia ciudadana y los intercambios culturales y contribuyan a erradicar los estereotipos sexualizados de mujeres y niñas venezolanas. El sector regional apoyará los análisis de contexto que tengan en cuenta los conflictos y el intercambio de las mejores prácticas y ejemplos de programación concretos con las plataformas nacionales y subregionales para promover medidas que aborden las causas fundamentales de la tensión intercomunitaria y la xenofobia, como las causas estructurales y socioeconómicas, incluidas las cuestiones relativas a la competencia por los recursos locales y el acceso a las oportunidades de medios de vida. 
 

El sector de Integración trabajará en estrecha colaboración con el subsector de VBG para promover el empoderamiento económico de las personas sobrevivientes de este tipo de violencia y mitigar los riesgos de VBG que afrontan las mujeres que buscan actividades generadoras de ingresos, y con el subsector de Protección a la Infancia, para coordinar los servicios de cuidado infantil. También se establecerá colaboración con el sector de Protección para coordinar y promover las iniciativas de regularización y protección social, así como para vincular las oportunidades de medios de vida con el objetivo de mitigar los riesgos de protección, como los desalojos y la falta de vivienda en contextos pandémicos y pospandémicos. El sector de Integración seguirá coordinando su actividad con el Grupo de Transferencias Monetarias para identificar las actividades conjuntas que pueden realizarse mejor a través de CVA, como la ampliación de las transferencias de efectivo a las personas no incluidas en los sistemas de protección social o mediante subsidios en efectivo para permitir oportunidades de medios de vida, incluidas las oportunidades para desarrollar actividades empresariales beneficiosas para el ambiente. 
 

El sector de Integración se centrará en el fortalecimiento de la capacidad de agentes locales, como las autoridades locales, las agencias de empleo, las organizaciones de trabajadores, el sector privado y la sociedad civil, en el diseño e implementación de políticas y estrategias. La asistencia incluirá orientación técnica, apoyo material y promoción de intercambios, diálogos e investigaciones interregionales. Prestará apoyo a la población afectada para fortalecer su autosuficiencia y se resiliencia, incluso mediante la capacitación adaptada y pertinente (formación profesional, técnica, conocimientos prácticos, capacidad empresarial, idiomas, etc.), y mediante capital inicial o apoyo material para la creación de empresas. El sector de Integración se centrará en los enfoques que tengan en cuenta los conflictos y en el análisis contextual desglosado por género y edad (entre otros, mediante la recogida y análisis de datos pertinentes, la investigación y el intercambio de información) para identificar oportunidades y obstáculos concretos, con objeto de asegurar la adhesión al principio de «acción sin daño».