En la región, a pesar de los continuos esfuerzos tanto de los gobiernos como de las organizaciones nacionales e internacionales,  los niños, niñas y adolescentes (NNA) refugiados y migrantes aún enfrentan desafíos persistentes para acceder a los sistemas educativos, entre los principales podemos mencionar:

• Falta de la documentación necesaria para inscribirse en las escuelas, lo que afecta su acceso a los sistemas educativos formales.
• Falta de información sobre la oferta educativa existente y los requisitos de acceso. A menudo las familias desconocen los procesos y/o políticas de garantía del derecho a la educación.
• La discriminación, la xenofobia y la violencia pueden disuadir a las familias de inscribir a sus hijos en las escuelas locales.
• Costos asociados como uniformes, materiales escolares, alimentación y transporte.
• Situaciones de estrés y ansiedad asociados a la migración y desplazamiento.
• Barreras lingüísticas y culturales.
• Sistemas educativas con infraestructura deficiente y recursos limitados para atender a un número creciente de migrantes y refugiados.
• Falta de oferta educativa para responder a las necesidades de los niños y niñas en situación de movilidad.
• Datos disponibles sobre acceso y permanencia limitados.

Estas y otras barreras dificultan o impiden el acceso a servicios educativos y la satisfacción de otras necesidades básicas y continúan agravando las brechas de aprendizaje ya exacerbadas como efecto de la pandemia de Covid-19.

De acuerdo al RMNA 2023 publicado por R4V, aproximadamente el 19% de los niños y niñas venezolanos en situación de refugio o migración no están inscritos en instituciones educativas, lo que evidencia la necesidad de incrementar la capacidad escolar y facilitar el acceso a la educación para estos niños y niñas.

En países como Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, la falta de plazas disponibles para la matrícula es el principal obstáculo para que los refugiados y migrantes accedan a la educación. En Colombia, el número de niños venezolanos inscritos en las escuelas aumentó de aproximadamente 34.000 en 2018 a 606.526 en 2023, lo que equivale al 6% del total de estudiantes matriculados en el país. En Ecuador, hay 55.759 niños, niñas y adolescentes venezolanos que requieren servicios educativos. De acuerdo con el GTRM, el 20,5% de los niños y adolescentes venezolanos refugiados y migrantes, con edades entre 5 y 17 años, no asisten a la escuela. Al final del año escolar 2023, los estudiantes venezolanos constituían el 1,7% de la matrícula total del país (8.135.260 alumnos matriculados en la educación básica ordinaria) con un total de 138.050 alumnos, de los cuales el 89,1% asistían a escuelas públicas.

A pesar de los avances para garantizar el acceso a la educación de la niñez y adolescencia en situación de movilidad, hay necesidades educativas urgentes que enfrentan los niños y niñas. Es clave establecer sistemas educativos resilientes que respondan a emergencias futuras y promuevan la inclusión y el bienestar de los estudiantes, especialmente de aquellos vulnerables, como los niños y niñas en situación de movilidad. Las políticas de educación deben centrarse en cerrar las brechas educativas que se ampliaron durante la pandemia y proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y accesible para todos los niños y niñas de la región.

Otras necesidades incluyen conectividad a internet, programas de apoyo académico y psicológico, y políticas de inclusión que garanticen el acceso y permanencia educativa de manera equitativa. Además, se requiere un enfoque integral que aborde la formación de docentes en prácticas educativas inclusivas y la adaptación de los currículos para reflejar las experiencias de los estudiantes migrantes.

1. Alcance de la respuesta sectorial:
A nivel sectorial se promueve la coherencia en la respuesta educativa mediante la generación de pruebas y la gestión de conocimientos para la incidencia y el diálogo sobre políticas, el desarrollo de capacidades, el monitoreo y la presentación de informes y la movilización de recursos integrando los enfoques de género, edad y diversidad. La respuesta regional se centra predominantemente en los países que acogen a un mayor número de personas refugiadas y migrantes de Venezuela (Colombia, Ecuador, Chile, Perú y Brasil) además, procurará ampliar su apoyo al Cono Sur, el Caribe y a América Central y México (CAM) en 2024.

2. Prioridades de respuesta:
Como complemento de los esfuerzos nacionales, el sector de Educación a nivel regional tiene como objetivos:

Generar diálogos de políticas e incidencia: aplicar políticas y marcos normativos basados en pruebas para aumentar el acceso y la permanencia de los niños, niñas y adolescentes refugiados, migrantes y de la comunidad de acogida en la educación con calidad y dignidad, y que garantice la equidad, la no discriminación y la inclusión.

Desarrollo y fortalecimiento de capacidades: mejorar la capacidad de las partes interesadas del ámbito educativo regional y nacional para velar por el acceso, la permanencia y los resultados del aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes refugiados, migrantes y de las comunidades de acogida afectadas, y para aumentar la resiliencia del sistema educativo.

Generación de evidencia: procurar que los ministerios de educación tengan acceso a datos fiables, exactos, pertinentes y oportunos, desglosados por género y edad, sobre el acceso y el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes para fortalecer la capacidad de planificación educativa de los países de acogida, así como la recuperación de las pérdidas de aprendizaje y los impactos que dejó la pandemia de Covid-19.

3. Enfoques de respuesta integrada:
En el caso del sector de Educación, se mantendrá la promoción de medidas con un enfoque multisectorial y que tenga en cuenta el género y la edad, dentro de su ámbito de coordinación e incidencia. En el caso de los sectores subregionales de educación (CAM, Caribe, Cono Sur) y nacional (Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Perú) las intervenciones continuarán en coordinación con otros sectores, en particular con el de Protección a la Infancia, incluyendo los procesos de aprendizaje a distancia. 

Como tal, el sector colaborará con los sectores, grupos de trabajo y puntos focales pertinentes en cuestiones relacionadas con la protección a la infancia, género, violencia basada en género (VBG) y la protección contra la explotación y el abuso sexual (PEAS). El sector de Educación se seguirá coordinando estrechamente con el sector de Salud (en salud mental y atención psicosocial (SMAPS) y salud sexual y reproductiva), para contribuir conjuntamente a elaborar estrategias e instrumentos que contribuyan a una incorporación segura a las escuelas mitigando los riesgos de protección. 

Por último, el sector elaborará y aplicará estrategias conjuntas con el sector de Agua, Saneamiento e Higiene (ASH) para mejorar las medidas relativas a agua potable e higiene en las escuelas (reparaciones de instalaciones sanitarias, puntos de agua potable y suministros para el lavado de manos) y trabajará con los sectores de Nutrición y Seguridad Alimentaria para mejorar el suministro de comidas escolares a niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes de Venezuela.

4. Modalidades de respuesta:
Las medidas del sector de Educación se orientarán a la incidencia, la articulación y la coordinación, para abordar las necesidades educativas comunes entre países o a través de las fronteras, centrándose en una mejor respuesta a las repercusiones de la crisis. Se desarrollarán acciones para la articulación y vinculación entre las estrategias subregionales y nacionales en los sectores regional, subregional y nacional, que proponen acciones directas con la población meta como la entrega en especie (kits educativos, comidas escolares, kits de lavado de manos y agua potable), asistencia en efectivo y cupones (CVA, para transporte, alimentos u otros), apoyo a los servicios públicos (capacitación, desarrollo de herramientas, equipos y otros), incidencia y comunicación. 
El sector de Educación, en coordinación con otros sectores, también integrará las perspectivas de edad, género y diversidad, tanto en ámbito político como técnico, en las comunidades de personas refugiadas y migrantes y las de acogida. Las principales prioridades de respuesta para el Sector de Educación regional tienen como objetivo:

• Mejorar el acceso y la retención en los sistemas educativos nacionales,
• Apoyar el reconocimiento, validación y acreditación (RVA) de estudios previos y garantizar que los niños y niñas refugiados y migrantes de Venezuela y las comunidades de acogida tengan acceso a servicios complementarios básicos.

5. Consideraciones sobre buena programación y responsabilidad colectiva:
 Se promoverá la rendición de cuentas ante las poblaciones afectadas (AAP) mediante diferentes mecanismos a lo largo de las actividades del sector, asegurando las consultas durante todas las etapas del ciclo de programa (mediante talleres, grupos de discusión, mecanismos de retroalimentación, etc.) así como la retroalimentación al personal del programa y la transparencia en los procesos y en la inversión de fondos.

Las estrategias garantizarán que todas las medidas sean sensibles a las cuestiones de género e incluyentes, asegurando la igualdad de oportunidades para las niñas y adolescentes refugiadas y migrantes, los niños y niñas con discapacidad y otras condiciones vulnerables, y las estrategias para valorar la igualdad de género y la inclusión en todas las estrategias, como las de Protección, nutrición escolar, agua, saneamiento e higiene (ASH) y salud.

Esas estrategias se incluirán mediante diálogos de políticas y medidas de incidencia, el fortalecimiento de la capacidad del sector pública y la generación de evidencias mediante estudios, monitoreo y evaluación de las medidas. Estas estrategias se incluirán a través de diálogos y acciones de promoción, el fortalecimiento de las capacidades del sector público y la generación de pruebas a través de estudios, seguimiento y evaluación de las acciones.

Referencias

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, La Infancia en peligro: La niñez migrante en América Latina y el Caribe, 2023.

R4V, Análisis de Necesidades de refugiados y migrantes (RMNA), 2023.