Los países de Centroamérica y México que forman parte de la plataforma subregional (Costa Rica, México y Panamá) han buscado responder a múltiples y concurrentes situaciones de desplazamiento en los últimos años incluyendo, de manera sinérgica, iniciativas clave conexas en la región, como son el Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS) y la Conferencia Regional sobre Migración (CRM). Las situaciones de desplazamiento forzado  y migración  en la subregión han incluido grandes movimientos desde y a través de Centroamérica, así como un aumento de las llegadas desde Venezuela. Hasta noviembre de 2020, se estimaba que había 251,900 personas refugiadas y migrantes de Venezuela en la subregión. Se espera que la cifra alcance las 262,200 a finales de 2021.

La pandemia mundial de la COVID-19 ha afectado profundamente a las personas refugiadas y migrantes de Venezuela en Costa Rica, México y Panamá, ya que ha provocado una reducción de las actividades económicas, el cierre de fronteras internacionales y la restricción de los desplazamientos. El impacto de la pandemia ha agravado las condiciones sanitarias y las vulnerabilidades socioeconómicas preexistentes de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela, y ha puesto a prueba las infraestructuras y los servicios públicos nacionales, mientras los Gobiernos trataban de contener la propagación del virus. En Costa Rica y México esto también ha provocado demoras en los procesos de asilo y regularización migratoria. En los tres países, la limitación de la actividad económica y el cierre parcial de la actividades también han afectado negativamente a la integración y al acceso a los derechos de los venezolanos y las venezolanas. 

En Costa Rica, las evaluaciones conjuntas de necesidades muestran la gravedad del impacto que la COVID-19 ha tenido en la población venezolana a la hora de cubrir sus necesidades básicas.333 De las personas encuestadas, menos de dos tercios están actualmente empleadas y el 91% ha experimentado un cambio negativo en sus condiciones de trabajo, incluyendo despidos, reducción de turnos y reducciones salariales. De las que aún tienen empleo, el 49% afirma trabajar solo 20 horas o menos a la semana y el 40% no tiene seguro médico. Antes de la pandemia, el 93% de los hogares declaraba tener acceso a tres comidas al día, cifra que se ha desplomado hasta un escaso 35%. La amenaza de desalojos también se identificó como un riesgo de protección constante, ya que el 24% de los venezolanos y las venezolanas declaró haber tenido que cambiar su lugar de residencia durante la pandemia. De ellos, el 77% se vio obligado a mudarse por no poder pagar el alquiler. En total, un 78% de las personas encuestadas reportaron problemas financieros. El enfoque del Plan de Respuesta en Costa Rica será responder a estas vulnerabilidades y ayudar a la población a recuperar la autosuficiencia para reconstruir sus vidas. 

En México, los socios de R4V han identificado que las necesidades más urgentes están relacionadas con protección, asistencia humanitaria, incluidos la seguridad alimentaria y alojamiento, el apoyo a la integración, incluida la generación de ingresos, y la asistencia médica. Entre las principales preocupaciones en materia de protección está la falta de tramitación oportuna de los procedimientos de determinación de la condición de persona refugiada y de la documentación relativa al estatus migratorio. Según las encuestas realizadas por los socios, el 51% de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela no tienen ninguna documentación. Esto les impide acceder a servicios públicos de salud y educación. La falta de documentación adecuada es especialmente preocupante en ciudades como Cancún, donde el 88% de los venezolanos y las venezolanas encuestados carecen de documentación y se ven obligados a depender de empleos en la economía informal. Además, solo el 23% de las venezolanas y venezolanos declaró tener acceso al programa de protección social de Seguro Popular, que es esencial para acceder a los servicios  de salud pública especializados en México.

En Panamá, el confinamiento y las restricciones a la movilidad puestas en marcha para mitigar la propagación de la COVID-19 también han afectado gravemente a las personas refugiadas y migrantes de Venezuela. Desde el inicio de la pandemia, los socios han estado trabajando para responder al aumento de las vulnerabilidades, y algunos han informado de un aumento de hasta el 40% en las solicitudes de apoyo para cubrir necesidades básicas. Las evaluaciones participativas con mujeres de Venezuela, llevadas a cabo tras el inicio de la pandemia, destacan el aumento de la preocupación por la seguridad laboral y el bienestar mental, que se suman a su preocupación por sufrir violencia basada en género (VBG) y por asegurar las oportunidades educativas para sus hijos e hijas. Los niños, niñas y adolescentes se hicieron eco de la preocupación por el impacto de la pandemia en el acceso a las oportunidades educativas